Ministerio Público: prórroga permitirá seguir ampliando la investigación sobre hechos de corrupción en SeNaSa

La prórroga se justifica en los cientos de miles de operaciones que se tienen que analizar, la cantidad de investigados y la gravedad de los hechos

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho destacó que se hace necesaria una prórroga para concluir la investigación y presentar la acusación del caso contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros vinculados a la red de corrupción que desfalcó con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El titular de la Dirección General de Persecución encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde estaba previsto conocerse este miércoles la prórroga de cuatro meses solicitada por el órgano acusador. La audiencia fue aplazada para el próximo 4 de septiembre de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana.

Al ser abordado por la prensa a la salida del tribunal que funciona en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Camacho dijo que el Ministerio Público estaba listo para justificar la extensión del plazo.

“Dos cosas; primero, nosotros vinimos hoy listos para presentar y justificar la solicitud de prórroga que ha hecho el Ministerio Público en el caso de SeNaSa y no se ha conocido esta solicitud en el día de hoy, lamentablemente, debido a que un familiar de uno de los abogados falleció, y eso impidió el conocimiento de esta audiencia”, detalló.

“La prórroga se justifica porque, por ejemplo, y comparto una interioridad, en un interrogatorio de este caso uno de los imputados dijo al Ministerio Público que en SeNaSa la corrupción era la norma”, explicó.

En ese orden, el director de Persecución dijo que en una investigación y en un contexto de esta naturaleza es evidente que es mucho lo que el Ministerio Público tiene que investigar, destacando que esa es la razón por la que solicitaron más tiempo para procurar que todo el que haya participado en este hecho esté en el proceso y se siente en los tribunales a responder por los mismos.

Sobre la solicitud de variación de la medida presentada por la defensa técnica de la imputada Ada Ledesma, dijo que el tribunal mantuvo el arresto domiciliario y que solo hizo una reducción del pago de la garantía económica sin la objeción del Ministerio Público.

Sobre las pesquisas, Camacho dijo: “nosotros seguimos avanzando en las líneas de investigación de este caso en la magnitud y en la dimensión del caso”.

“Hay interioridades de las líneas de investigación que no podemos compartir para no afectar las mismas, pero estamos avanzando en las tres estructuras que afectaron a SeNaSa”, añadió.

“En las tres dimensiones habrá otras imputaciones y habrá otras personas involucradas, pero eso sucederá cuando la investigación cumpla su ciclo”, adelantó el representante del Ministerio Público.

El órgano acusador también estuvo representado por el procurador de corte Héctor García y por los procuradores fiscales adscritos a la Dirección General de Persecución y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Yudelka Holguín y Alexis Piña.

El juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, atendiendo una solicitud de una barra de la defensa, dispuso el aplazamiento de la audiencia.

Proceso penal contra la red de corrupción

El pasado 5 de agosto el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó otra vez la prisión preventiva impuesta a Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción, así como a otros vinculados al caso.

El cumplimiento de la coerción de 18 meses de prisión preventiva le fue impuesta en diciembre del pasado año a Hazim Albainy y a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y a Ramón Alan Speakler Mateo.

También, fue impuesta la misma medida a la imputada Ada Ledesma Ubiera, quien ahora cumple arresto domiciliario, luego de que se le variara la coerción por asuntos de salud el pasado 16 de julio.

El proceso judicial, que inició a partir de la Operación Cobra, también se sigue contra los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes el pasado mes de diciembre también les fueron impuestas medidas de coerción, consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.

Por el caso también es procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el pasado 30 de julio el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, también, le ratificó la prisión preventiva de 18 meses que le fue impuesta el pasado mes de mayo.

El entramado criminal fue desmantelado con la Operación Cobra, iniciando el Ministerio Público, posteriormente, la judicialización en busca de sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público.

Con sus actuaciones, los procesados afectaron a los afiliados al SeNaSa, al defraudar esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos.

Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.

El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.

Defensa de Donald Guerrero interpone recurso; busca que se declare la extinción del proceso penal

La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue apoderada para el conocimiento de un recurso de apelación presentado por la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que busca que se declare la extinción de la acción penal en su contra tras argumentar que el proceso judicial ha superado el límite máximo fijado por la ley. 

La abogada María del Pilar Zuleta, representante del principal implicado en el caso Calamar, explicó que el recurso busca revocar la decisión emitida por el Cuarto Juzgado de la Instrucción, tribunal que previamente había rechazado la solicitud de extinción y quien dispuso su envío a juicio fondo.

Según la jurista, el cómputo de la persecución penal inició formalmente el 22 de noviembre de 2020, fecha en la que la Procuraduría General de la República le impuso a Guerrero una alerta migratoria a solicitud de la actual procuradora general Yeni Berenice Reynoso.

Defensas de Jean Alain Rodríguez insisten en que venció el plazo para juzgar a los imputados

El abogado sostuvo que la única dilación que podría ser tomada en cuenta sería aquella provocada directamente por el imputado, pero negó que ese sea el caso de su representado.

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Las defensas de los imputados en el caso que involucra al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros acusados continúan insistiendo ante el tribunal en que se declare extinguida la acción penal por el vencimiento del plazo máximo establecido por la legislación dominicana.

Durante la audiencia ante las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el abogado Pedro Duarte Canaán, representante de Alejandro Martín Rosa Yanes, sostuvo que la declaratoria de complejidad del proceso no puede ser utilizada para extender el plazo aplicable a su defendido.

“El plazo sigue siendo de cuatro años. Es un mandato del legislador”, afirmó Duarte Canaán, al defender que el artículo 148 del Código Procesal Penal establece un mandato sobre la duración del proceso y no una facultad discrecional para prolongarlo.

El jurista insistió en que la norma no habla de una posibilidad, sino que fija un límite que debe ser respetado por el tribunal.

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Duarte Canaán también rechazó que su representado haya provocado dilaciones en el proceso y aseguró que estuvo presente junto a él en 99 audiencias durante la etapa preliminar ante el Tercer Juzgado de la Instrucción.

Afirmó, además, que el proceso ha tenido una participación activa tanto del órgano acusador como de las defensas, por lo que, a su juicio, no puede hablarse de inactividad procesal como fundamento para prolongar el plazo.

El abogado sostuvo que la única dilación que podría ser tomada en cuenta sería aquella provocada directamente por el imputado, pero negó que ese sea el caso de su representado.

Como conclusión formal, solicitó al tribunal acoger la excepción por vencimiento del plazo máximo y declarar extinguida la acción penal a favor de Alejandro Martín Rosa Yanes, invocando los artículos 8, 44, numeral 11, y 148 de la Ley 76-02.

Tribunal ya había rechazado la extinción

Estos argumentos se producen después de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Claribel Nivar Arias e integrado por las magistradas Clara Zobeida Castillo y Yissel Soto, rechazara el 17 de agosto la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa de Jean Alain Rodríguez y otros acusados.

Durante la lectura de las motivaciones de esa decisión, la magistrada Clara Zobeida Castillo reconoció que el proceso ha superado los plazos establecidos en las distintas normativas que han regulado su duración.