Exprocupador exige la extinción del caso Medusa donde se le acusa de corrupción
El exprocurador Jean Alain Rodríguez, concluyó su exposición de defensa material, señalando que las deficiencias logísticas, la sobrecarga institucional del Ministerio Público o la agenda de los tribunales no pueden ser cargadas al ciudadano para justificar la prolongación indefinida de un juicio.
Al asumir personalmente su defensa material, ante las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Alain Rodríguez, solicitó la extinción de la acción penal en su contra por vencimiento del plazo máximo del proceso y cuestionó la dilación del Ministerio Público.
Sostuvo que las deficiencias logísticas, la sobrecarga institucional del Ministerio Público o la agenda de los tribunales no pueden ser cargadas al ciudadano para justificar la prolongación indefinida de un juicio.
El exprocurador es el principal implicado en el caso Medusa, un gran proceso por corrupción administrativa en el que fueron implicadas alrededor de 60 personas físicas y jurídicas, de las cuales una veintena se declaró culpable de las imputaciones. La investigación de la Procuraduría General señala un desfalco al Estado de más de RD$6,000 millones.
"El legislador no le dijo al Ministerio Público 'tenga todo el tiempo del mundo'. Le otorgó plazos específicos para investigar, organizar su acusación y presentarla. Ningún ciudadano puede quedar sometido a un proceso infinito simplemente por la ineficiencia o el volumen de trabajo del Estado", manifestó Rodríguez ante el tribunal.
El Código Procesal Penal
Rodríguez abordó la reciente actualización del Código Procesal Penal, particularmente el artículo 150, señalando que el legislador fue explícito al precisar que las fallas en el servicio judicial no constituirán causa de extensión ni reducción de los plazos procesales.
"El Estado no puede invocar sus propias deficiencias para justificar que un ciudadano permanezca sometido al poder punitivo más allá del tiempo máximo establecido por la ley. La ineficiencia o el volumen de trabajo de la fiscalía no son causales legales para suspender el cómputo del proceso", argumentó.
Para sustentar su posición, citó el historial legislativo y las actas de la Cámara de Diputados relativas a las reformas del Código Procesal Penal, mencionando intervenciones de los diputados Magda Díaz Jiménez y Alfredo Pacheco, quienes ratificaron que el plazo máximo de duración del proceso cuatro años en casos de alta complejidad fue concebido con carácter garantista y de aplicación estricta.
El principio pro persona
Asimismo, invocó el principio pro persona, contemplado en el artículo 74.4 de la Constitución, y citó fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Maya vs. Guatemala y Tristán Donoso vs. Panamá), que establecen que el deber de celeridad estatal se intensifica cuando una persona ha sufrido medidas de restricción de libertad o cuando el juzgamiento involucra a exfuncionarios.
Afirmó que el órgano acusador no puede ampararse en modificaciones legales recientes, como la Ley 17-25, aprobadas años después del inicio de su caso, para extender los plazos, pues la Constitución prohíbe aplicar normas posteriores en perjuicio del procesado.
Explicó que durante el proceso no ha habido fuga, rebeldía ni maniobras dilatorias imputables a su defensa que justifiquen la suspensión del cómputo legal, y aclaró que la pluralidad de imputados o la complejidad del expediente no suspenden automáticamente los plazos.
Impacto en su vida personal
Rodríguez expuso el impacto que la duración del caso ha tenido en su vida personal: "Entré a este proceso a los 45 años y hoy tengo 50. Mis hijos han pasado su adolescencia en este trayecto. Si el legislador fijó un plazo máximo, es justamente para evitar que el proceso se convierta en una pena en sí mismo".
Insistió en que "una agenda cargada no borra más de cinco años y once meses de proceso acumulado sin una sentencia definitiva", reiterando su pedimento de extinción de la causa por vencimiento de plazo.
Pese a fundamentar su solicitud en el vencimiento de los plazos legales, el exprocurador aseguró al tribunal que no teme al debate de fondo.
Afirmó que, en caso de que las juezas decidan rechazar la extinción y continuar con el juicio, está preparado para desmontar cada una de las imputaciones.
"Si este pedimento fuera rechazado, estamos listos para conocer prueba por prueba y demostración por demostración, tome el tiempo que tome. No le tememos a la verdad ni al debate de fondo", concluyó.
